"Tras un vía crucis de 7 años, la Fiscalía absolvió al religioso y a otros directivos de la San Buenaventura quienes habían sido acusados de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, concierto para delinquir, fraude procesal, hurto agravado y falsedad".
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| PADRE URIBE |
El miércoles 19 de enero del 2005 el padre Luis Javier Uribe Muñoz, rector de la universidad Franciscana San Buenaventura, USB, en ese momento, tomó la decisión de entregarse a la justicia en la Tercera Brigada en Cali.
Una semana antes, la Fiscalía había ordenado su captura, junto con la de otros cinco altos funcionarios del alma máter, a quienes acusaba de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, concierto para delinquir, fraude procesal, hurto agravado y falsedad.
La denuncia en su contra fue puesta por el entonces provincial de la comunidad Franciscana en Colombia, padre Francisco Leonardo Gómez Vergez. “Tengo la corazonada de que la universidad ha sido utilizada para cosas ilícitas como el lavado de activos”, fue el testimonio que entregó Gómez Vergez a la Fiscalía.
Esta acusación estuvo vigente durante siete años, tres meses y doce días, hasta el 2 de mayo pasado cuando la Fiscal 17 Especializada de la Unidad de Lavado de Activos, declaró la terminación del proceso penal a favor de los seis encartados pues “no hubo pruebas documentales ni testimoniales que sustentaran los cargos”.
Acusaciones sin piso
Lo primero que quedó al descubierto con el archivo del caso es que de los seis delitos que se le endilgaron al padre Uribe, solo le fueron imputados dos: hurto agravado y concierto para delinquir. Los cargos que suponían una relación con el narcotráfico, el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito, fueron desestimados por la Fiscalía incluso desde la primera instancia.
El centro de los señalamientos fueron entonces unas supuestas anomalías en la administración de donaciones hechas a la USB entre 1996 y 2004 por parte de entidades como el banco de Occidente, Colpatria, Ganadero, Davivienda, Corfivalle, Leasing Internacional y Amalfi S.A.
La campaña para captar bienes de las entidades financieras, como lo explicó a la Fiscalía Jorge Luis Haddad, director financiero de la USB en la época de los hechos, “fue una política institucional para aprovechar los incentivos tributarios que el Gobierno otorga a quienes donen a universidades privadas. En principio el beneficio para el donante era del 105% del valor en libros de la donación, ese porcentaje fue bajando con el tiempo, pero la política estatal se mantuvo. En 1997 la USB se inscribió en el programa, ese año el volumen de donaciones fue enorme ya que las entidades vieron una posibilidad rentable para salir de los bienes recibidos en pago durante le crisis de la construcción”.
La inclusión de la USB en el programa de donaciones responde a la intención de diversificar las fuentes de financiación para disminuir la dependencia de los ingresos por matrículas, modelo tomado de las universidades estadounidenses.
En total, la USB recibió en ocho años 698 bienes cuyo valor en libros era de $47.000 millones. En el mismo lapso vendió, según dijo la Fiscalía en primera instancia, el 16% de esos bienes por un valor superior a los $29.000 millones. La diferencia entre el valor reportado cuando se recibieron los bienes y el valor real de las ventas, unos $18.000 millones, fue lo que sirvió de pretexto para la acusación.
Sin embargo, esa hipótesis fue desestimada por la fiscal 17 Especializada Ángela Gutiérrez, en el proceso de segunda instancia, donde tumbó los cargos de hurto agravado y concierto para delinquir.
La razón principal es que tras un análisis financiero que le hizo el DAS al patrimonio de cada uno de los acusados, se concluyó que ninguno tenía incrementos no justificados y que el movimiento de sus finanzas guardaba relación con los ingresos declarados y probados.
Sobre la diferencia entre el valor de los bienes donados frente al valor real obtenido por la venta del 16% de los inmuebles, la Fiscal dio validez a la explicación de los implicados, especialmente del director financiero Haddad. “La venta en un precio inferior es un hecho indiscutible y no tiene trascendencia penal dada las especiales circunstancias en que eran recibidas las donaciones”, señala la Fiscal y agrega que “esa realidad jamás se ocultó a los directivos de la universidad ni a los miembros de la comunidad, lo que ocurre es que hay equivocación e indebida interpretación cuando se equiparan los dos valores, el precio del banco que es mayor porque contiene no sólo el valor del bien sino los intereses y otros valores que por ley son permitidos cargar para los libros contables del sector financiero y el valor comercial por el cual se negociaron por parte de la USB”.
Hay que tener en cuenta que ese mayor valor con que se entregan las donaciones, determinaba la deducción tributaria para los bancos y corporaciones, sin esa ‘gabela’, explica la Fiscal, no se habrían dado las donaciones, sino que las entidades financieras hubieran salido, ellas mismas, a vender sus propiedades.
Lo que dice la fiscal en su alegato final es que el padre Uribe y su círculo directivo, “no se robaron un solo peso ni se concertaron para cometer ningún delito”. ¿De dónde salió entonces esa acusación que acabó de un plumazo con el buen nombre del padre y sus cinco subalternos? Eso también lo aclara la Fiscal.
La razón del mal
De acuerdo con el testimonio de fray Luis Romero Gaona, lo que motivó la denuncia del Provincial Gómez Vergez fue el disgusto que tuvo con el padre Uribe al pedirle que incrementara los traslados de dinero que hacía la USB a la comunidad Franciscana, aprovechando el éxito de la campaña de donaciones. El padre adujo que no podía atender su petición “porque de acuerdo con la ley 223 de 1995 (estimulo tributario para donantes), el dinero debía usarse sólo para la educación, la investigación, la ciencia y la tecnología”.
En las versiones de los testigos del proceso quedó consignado que ante la divergencia en el manejo de los recursos que se obtenían por la USB, el Provincial decidió contratar una auditoría y remover al padre Uribe de la rectoría, en septiembre 15 de 2004. La revisión hecha por la firma Restrepo y Londoño, arrojó que algunos procesos administrativos y financieros en la USB no se estaban llevando de forma adecuada.
El paso siguiente de Fray Gómez Vergez fue contratar a la abogada Marta Lucía Daza para que adelantara la investigación por las presuntas anomalías en las cuentas de la universidad. Los honorarios que se pactaron fueron $800 millones, monto cuestionado por la misma comunidad Franciscana.
Según el abogado Jaime Lombana, defensor del padre Uribe, la investigadora “realizó maniobras ilegales y reprochables con la anuencia del Provincial de los Franciscanos”, algo que corrobora fray Peña Quijano, quien sucedió en la rectoría al padre: “No me dejaba pronunciar públicamente, me indicó que debía despedir a unas personas pero que el motivo no se les podía decir porque estaba bajo reserva del sumario, hasta que me vi en la imperiosa necesidad de renunciar”.
Ambas instituciones renunciaron a sus pretensiones e incluso el 13 de diciembre de 2009 publicaron un escueto comunicado en el cual lamentaban “cualquier daño que eventualmente se haya podido causar” al padre Uribe, los cinco directivos y sus familias. Allí aclaran que la investigación tuvo su origen en la decisión adoptada por personas que en la actualidad no ejercen la dirección de la Comunidad Franciscana, motivada por “un análisis jurídico superficial, presuntamente proveniente de sus asesores”.
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