RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Hoy acabo la encuesta sobre la redacción de uno de los articulos del Código de Procedimiento Civil Colombiano. Aunque no fueron muchos los participantes el 89% dio la respuesta correcta: que en una demanda extraordinaria de revisión, para darle curso a la misma el original del expediente debe ir al tribunal o corte y dejar copias del mismo en el juzgado de origen, si la sentencia no a sido ejecutada.

El 11% se equivoco al dar su respuesta, lo que nos demuestra  que para un tema de tanta relevancia, es un alto porcentaje el que no entiene en la forma en que esta redactado el mencionado artículo.

LA JUSTICIA EN COLOMBIA ES UNA DESGRACIA: MIGUEL GOMEZ MARTINEZ

ARTUNDUAGA.COM

MIGUEL GOMEZ MARTINEZ

By Edgar Artunduaga

Sunday, 12 June 2011 19:14

LA ENORME CORRUPCION NACIONAL

E.A ¿Cómo ha sido su experiencia en el Congreso?

M.G.M Tres dias malo por uno bueno. Uno tiene que poner a prueba su tolerancia a la frustración, porque los debates son rara vez apasionantes. Hay un exceso del uso de la palabra, una impuntualidad desesperante para un hombre disciplinado como soy yo.

E.A.¿Compartiendo con buenos y bandidos?

M.G.M. Sí. Con gente que tiene un esquema ético distinto del mío. Gente que ve las cosas con otros ojos. Hay gente que ha entendido que la política y la corrupción son dos actividades paralelas y eso es lo que tiene a esta democracia tambaleando, porque no hemos podido trazar líneas.

La primera amenaza que tiene esta democracia, no es la guerrilla, no es el narcotráfico, son las instituciones que se van quedando vacías porque se las roban. Y así se acaban las democracias. Eso fue lo que pasó en Venezuela.

E.A. ¿De qué tamaño es la corrupción del país?

M.G.M. Creo que el narcotráfico le metió a los colombianos en la mente, un traquetismo mental. Los colombianos somos traquetos mentales, nos gusta hacernos ricos rápido y descubrimos que la mejor manera de hacernos ricos rápido, que no fuera el narcotráfico porque lo extraditan a uno o lo matan, es la política. En la política ni lo extraditan  ni lo matan y usted en cinco años puede taparse de oro. Es el mismo esquema del narcotráfico pero trasladado a la vida política, eso está acabando con esta democracia.

E.A. ¿Las Contralorías y todas esas “ías” no fueron eficientes para frenar ese proceso?

M.G.M. Todo lo que toca al sector político se vuelve ineficiente, porque se vuelve comprometido. Yo fui Vicecontralor General de la República, fue la experiencia más traumática de mi vida profesional.

Me sentía como un portero mocho con los ojos tapados. Siempre llevaba las de perder, nunca tenía los instrumentos ni la información.

E.A. ¿Qué aspectos fundamentales contempla el proyecto Anticorrupción para enfrentar esa avalancha de la que hablamos?

M.G.M. Hay un aumento generalizado de las penas para evitar que los delitos que tienen que ver con las finanzas públicas sean excarcelables. Yo creo que nuestro sistema penitenciario debe dejar de tratar a los políticos como si fueran delincuentes de otro estilo. No entiendo por qué hay que adecuarle un pabellón a los Nule, ¡no, al patio quinto, en una celda con cuatro personas, igual que el violador de niños!.

E.A. ¿Igual para los parlamentarios?

M.G..M. Exacto. El Código Penitenciario tiene que ser igual para todo el mundo y la comida igual, los mismos colchones, la misma comida. Aquí hay una serie de condiciones especiales para los ladrones de cuello blanco, que en el fondo son los que más daño le están haciendo a la sociedad. Es mucho más grave lo que hace un Alcalde bandido que lo que hace un asaltante de bancos. El uno es un crimen tradicional, el otro es un crimen que destruye las instituciones.

M.G.M.“LE TENGO PANICO A LA JUSTICIA COLOMBIANA”

E.A. ¿Cuál es su concepto de la justicia colombiana, a propósito de la corrupción y otros tantos males que vive el país?

M.G.M. La justicia en nuestro país es la mayor injusticia. Yo le tengo miedo a dos cosas en la vida: a la enfermedad de un hijo y a la justicia colombiana, le tengo pánico. A usted lo pueden condenar a treinta años de cárcel porque lo confundieron, por un homónimo. Hay casos dramáticos. La justicia no escucha. Nuestra justicia es una desgracia.

Yo terminé entendiendo muy tarde en la vida la obsesión de Álvaro Gómez con el tema de la justicia. Uno sí entiende que cuando no hay justicia lo único que queda es la violencia. La violencia es fruto de la injusticia, si hubiera justicia habría menos violencia.

Aquí los Jueces hacen lo que les da la gana, se volvieron intocables políticamente. El equilibrio de poderes no existe, aquí hay dos poderes importantes: la prensa y la justicia. Los otros poderes son subordinados. Yo creo que el poder ejecutivo es menos poderoso que la prensa en Colombia y estoy convencido de que es menos poderoso que el poder judicial. El último de los poderes es el legislativo, famélico, vergonzante, una gente que vive muerta del susto, que no se atreve a opinar. Pasar la reforma de la Constitución la próxima legislatura va a ser dificilísimo porque todos están investigados, unos con razón y otros sin ella.

E.A. ¿Qué hacer ante panorama tan aterrador?

M.G.M. El sistema penitenciario debe ser único, absolutamente único, para que las fotos que tomemos no sean del pabellón especial, sino las fotos del tipo con un uniforme de preso como debe ser. Las sanciones no pueden ser simbólicas.

Tenemos una tolerancia hacia el delincuente muy fuerte y eso es lo que nos hace tan propensos a la corrupción. Se volvió magnífico negocio ser corrupto. La impunidad es muy alta y si lo cogen, si usted está tan de malas que lo cogen, le dan tres años de cárcel, para después pavonearse en los clubes sociales.

PARA DENUNCIAR HAY QUE HACERLO DESDE EL ANONIMATO

Con gran tristeza y un sabor amargo en la boca se debe decir que en Colombia para poder hablar y decir verdades hay que hacerlo desde el anonimato. En tan solo una semana de aparecer el blog hemos visto que personas en el exterior nos hacen un seguimiento constante, como aquellas de la Universidad Católica de Uruguay, país donde curiosamente hay varios refugiados de la guerrilla colombiana, básicamente del ELN.

Pero algunos colombianos  que ya no viven nuestra realidad, residentes en el extranjero, nos han increpado el porque de escribir tras un seudónimo aduciendo que hay muchas personas que hablan y denuncian sin ocultar sus nombres, y de acuerdo a ellos "ahí están".
Uno de los administradores del blog a seguido muy de cerca la carrera del Dr. Miguel Gómez Martínez desde casi sus comienzos, precisamente por su valentía para decir de frente la realidad del país. Ayer justamente publicamos un par de escritos y declaraciones del Dr. Gómez.
Y llego a nuestro correo una entrevista que el Dr. Gómez Martínez le concedió a Edgar Artunduaga el pasado 12 de junio de 2011 para Artunduaga.com. No la publicamos inmediatamente dado que como este blog quiere mantener un esquema totalmente imparcial sobre filiaciones políticas, se publicará solo la parte del tema que nos compete: la impunidad y la corrupción, vistas desde adentro por el Dr. Gómez.

Pero hoy vemos que el Dr. Gómez tuvo que salir del país por amenazas luego de las declaraciones,  que dio en el día de ayer  alias "rasguño" en referencia al tema del asesinato de su tío Alvaro Gómez Hurtado.
Muy triste que aquellos que se atrevan a denunciar, a decir, a pelear por nuestro país deban salir a hacerlo por fuera de él. En donde esta la democracia? En donde esta lo que predica el Presidente de un estado social de derecho, de la seguridad democrática?
Seguimos gobernados por el miedo y las amenazas. La impunidad y la corrupción. Desde el anonimato seguimos denunciando, seguimos hablando, comunicando y trasmitiendo lo que personas como el Dr. Gómez, dicen, pues estamos seguros que no importa donde este no lo podrán callar.
Lo que investigamos, o los desmanes que nos suceden casi a diario en los diferentes estrados judiciales, lo que nos llega de denuncias con pruebas y piden que sean publicados; desde el anonimato sí, porque aquí no hay otra manera de hacerlo, porque sino hay que salir del país y hacerlo fuera de él.

Conducir borracho dará cárcel

• Este no es un tema menor, pues el colombiano de a pie no tiene ni puede seguir siendo víctima de personas irresponsables.
• Si al momento del accidente se encuentra bajo el influjo de alcohol o sustancia tóxica psicotrópica, la pena se aumentará de la mitad al doble.

Bogotá.- junio 15 El coordinador ponente Miguel Gómez Martínez, hizo una férrea defensa de la iniciativa parlamentaria con fundamento en las cifras que entrega  cada puente festivo el Director Nacional de la Policía de Carreteras General Rodolfo Palomino.

“No puede ser que de 25000 colombianos multados el año anterior 5000 correspondan a personas sancionadas por encontrarse en estado de alicoramiento, atentando contra su propia vida y contra la ciudadanía inerme”, dijo El  Representante Miguel Gómez.

No es un tema menor-expresó- pues el colombiano de a pie no tiene ni puede seguir siendo víctima de personas irresponsables. Es un tema de alto impacto social que genera en los medios   de comunicación sensación de indefensión.

Con el agravamiento  de las penas estamos enviando un mensaje a la sociedad tolerante y benévola que no vamos a permitir que se  siga poniendo en riesgo la vida de personas inocentes, enfatizó el representante.   

“Quien en estado de embriaguez o bajo  el influjo de sustancias toxicas  o que generen psicodependencia, conduzca vehículo automotor, incurrirá por este solo hecho en arresto de fin de semana como pena principal. Si un año después reincide en la comisión de la  misma conducta, será sancionado con arresto interrumpido de 5 a 10 días”, así lo determinó la Comisión Primera de la Cámara, tras un largo debate que obligó a los ponentes a considerar las sanciones que se quieren imponer a los conductores borrachos.

Las estadísticas nos obligan a actuar

“Las cifras son demoledoras,  durante el más reciente puente festivo, se sorprendieron a 1.746 conductores en estado de embriaguez y dejó como saldo 32 lesionados. Lo que va corrido del año, se han impuesto 22.910 comparendos, por esa circunstancia”, aseguró el Ponente coordinador.

Tenemos que ser severos-dijo- conducir y beber no se puede hacer al tiempo. Mientras discutimos y aprobamos esta ley es muy probable que otros 250 a 300 colombianos puedan morir como consecuencia de los excesos del alcohol, aseguró Gómez Martínez, durante la exposición y justificación de la iniciativa.

Según el Fondo de Previsión Vial, la edad de las víctimas oscila entre los 15 y los 35 años de edad. El 31 por ciento de las víctimas en 2010 eran peatones, en el 16  por ciento de los accidentes estuvieron involucrados camiones de carga, pero solo el 2 por ciento de los conductores de este tipo de automotores fueron víctimas.

En el período comprendido entre enero y mayo, se registraron 710 accidentes de tránsito causados por estado de alicoramiento, los cuales dejaron como saldo 149 muertos y 917 personas lesionadas.

De acuerdo con el análisis que pudo establecer el representante Miguel Gómez Martínez entre 15 mil y 20 mil personas conducen en estado de embriaguez durante un puente festivo o en un fin de semana de pago de quincena, pero solo entre el 10 y el 15 por ciento de esos conductores es detectado por las autoridades. 

Señores magistrados…. ¿en qué están pensando?

Por Miguel Gómez Martínez

MIGUEL GOMEZ MARTINEZ

Parecería un chiste escuchar que Al Qaeda envió un mensaje de felicitación a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, al tiempo que los gobiernos de Irán y Libia emitieron un pronunciamiento público en el que aplaudían la actuación de esa Corporación judicial. Lo que en ciertos hemisferios sería absurdo e imposible, en nuestro trópico resulta igualmente absurdo y sin embargo  posible.  ¿Cómo así que ANNCOL y el abogado de Joaquín Pérez, portavoz internacional de las FARC, aplaudían en todos los micrófonos la decisión de nuestra Corte Suprema de Justicia en el sentido de no darle ninguna validez a las pruebas recuperadas durante la operación Fénix contra Raúl Reyes? Lo anterior al tiempo que los abogados de todos los políticos vinculados con la farco- política festejaban el veredicto de la Corte y los gobiernos de Rafael Correa y de Hugo Chávez felicitaban con entusiasmo la decisión del alto tribunal colombiano. Ha sido tristemente “normal” que los aliados de las FARC se solidaricen con las causas que ese grupo guerrillero defiende, como el canje negociado de terroristas por soldados o el despeje de un área…¡pero que esos mismos aliados (ANNCOL, Chávez, Correa, Joaquín Pérez etc.) expresen ahora toda su solidaridad y apoyo frente a la Corte Suprema de Justicia!

¿No es esto el mundo al revés? ¿Hasta dónde ha llegado nuestra justicia, como para que mezquinos intereses políticos estén por encima de la seguridad nacional y de la lucha integral y a brazo partido contra el terrorismo?

 Esta decisión fue una peligrosa ridiculez, suficiente para confundir al más interesado de los expertos. No soy abogado y en días como hoy me siento particularmente satisfecho de no serlo. Pues al igual que la inmensa mayoría de los colombianos, yo también vi estupefacto cómo la Corte le cerró las puertas a uno de los escándalos más graves de nuestra historia reciente, el de la farco-política, con unas argucias que demuestran cómo en este país las formas están por encima del fondo. A la Corte no le bastó con que esas pruebas si hubieran sido avaladas por la Interpol, la Corte Penal Internacional o la Audiencia Nacional Española. No solo dijo la Corte que se “inhibía” para conocer sobre tales pruebas, sino que, aún en el caso en que se propusiera revisarlas, consideraba que no eran válidas pues los correos fueron allegados en archivo “Word” y no en archivo de “e-mail”. Como quien dice, la operación Fénix no sólo fue un acto ilegal cuyos resultados no pueden ser aceptados de plano, sino que las pruebas “ilegalmente” recopiladas son vulgares montajes hechos en “Word”.

¿Cómo nos deja este mensaje ante la comunidad internacional y particularmente frente a los países que demandan a Colombia por la operación Fénix? ¿En dónde queda la moral de la tropa? ¿Con qué pruebas espera la Corte procesar a un arsenal de farco- políticos que han hecho tanto daño como los para- políticos y que gracias a esta sentencia hoy pueden dormir seguros de que la justicia en Colombia no los perseguirá? ¿En qué están pensando estos magistrados?

CUALQUIER PARECIDO ES MERA COINCIDENCIA

La realidad de los paises latinoamericano es agobiante y triste, pero como este video realizado por un ciudadano mexicano, las diferencias entre unos y otros son inexistentes.

Al relato del video solo hay que cambiarle el nombre del pais y sus gobernantes lo demás.... como verán es una fotocopia de la realidad colombiana.

DESCONGESTION O CONGESTION DE LOS JUZGADOS?

Promenten descongestión en juzgados civiles
JUDICATURA PROMETE REDUCIR EN 121 DIAS PROCESOS CIVILES
Por: El Espectador.com - Abril 7 de 2011

Con el fin de solucionar un represamiento y atraso de más de 1’300.000 expedientes el Consejo superior de la Judicatura creo 21 jueces civiles de descongestión y 18 jueces civiles del circuito de descongestión con el fin que se de tramiten 102.000 expedientes y se dicten sentencia a 61 mil procesos más que ameritan decisión, para un total de 163 mil al finalizar el año 2011, además manifiesta que los procesos civiles que cursan en Bogotá, el tiempo de reducirá en 121 días.

¿Será que esta maravilla es cierta?  ¿Qué pasa con los procesos en otras ciudades de Colombia?

El ejercicio de la profesión de abogado litigante se ha convertido en un verdadero calvario ya que no solamente nos debemos someter a la demora del desarrollo de los proceso. Aunque seamos muy diligentes y le demos impulso procesal a cada uno de los expedientes encomendados por los clientes; esta demora se presenta en uno o dos  despachos judiciales;  valga aclararlo, pues NO son todos.
Los casos que nos son conferidos por los clientes, luego de la debida presentación de la  demanda se reparten a los diferentes despachos judiciales, que corresponden de acuerdo al tipo de acción legal que corresponda; en los estos despachos encontramos que unos son mas diligentes que otros, pero al final del día siempre son demorados en los tramites internos que debe realizar el juzgado o despacho judicial.

Con la creación de los famosos Juzgados Civiles de Descongestión, municipales o de circuito, se esta presentando, sin ser cuento ni ciencia ficción,  una realidad bastante complicada, el siguiente es un ejemplo verídico:

“En un juzgado, el 21 civil municipal se esta desarrollando un proceso ejecutivo, el cual libró mandamiento de pago el 11 de febrero de 2011;  el 9 de marzo, decretó las medidas cautelares, ordenando el embargo de muebles y enseres y desconociendo las otras medidas cautelares, se allegó nuevamente un memorial solicitando la elaboración de los oficios para los embargos de los bancos, que fueron ordenados hasta el día 15 de abril de 2011, estas ordenes u oficios como  les llamamos en el léxico jurídico, no fueron elaborados ya que el juzgado paró sus funciones normales para realizar inventario y enviar los proceso a la oficina judicial, el 25 de abril, para que con esto se realice el nuevo reparto correspondiente a los juzgados de descongestión, los cuales avocan conocimiento hasta el 10 de mayo, y  la fecha el juzgado de descongestión no se ha pronunciado, y los clientes preguntan ¿Qué ha pasado con mi proceso?, como quedamos los abogados litigantes …..?”

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CAPERUCITA ROJA

En esta metáfora jurídica ... veremos como la Corte Suprema de Justicia de Colombia impone penas y multas a Caperucita Roja !

 Concluye que el lobo es totalmente inocente

 ....de esta manera es que nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia ? nos esta juzgando a los colombianos de bien¿¿¿¿.... La Honorable Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia, Visto y considerando los acontecimientos por todos conocidos,
CONSIDERA:
1) Que Caperucita no desconocía que podía encontrarse con el Lobo.

2) Que tampoco era ajena al hambre del Lobo, ni a los peligros del bosque.
3) Que si le hubiera ofrecido la cesta de la merienda para que el Lobo calmara su hambre, no habrían ocurrido los sucesos referidos.

CAPERUCITA ROJA

4) Que el Lobo no ataca a Caperucita de inmediato, y hay evidencias claras que primero conversa con ella.
5) Que es Caperucita quien voluntariamente le da pistas al Lobo y le señala el camino de la casa de la abuelita.

6) Que la anciana es inimputable ya que confunde a su nieta con el lobo.

7) Que cuando Caperucita llega y el lobo está en la cama con la ropa de la abuela, Caperucita no se alarma.

8) Que el hecho de que Caperucita confunda al Lobo con la abuelita demuestra lo porco que iba a visitarla, hecho que se tipificaría como abandono de persona anciana por parte de la joven Caperucita.

9) Que el Lobo, con preguntas simples y directas, quiere desesperadamente alertar a Caperucita sobre su posible conducta final.

10) Que cuando el Lobo, que ya no sabe qué más puede hacer para alertarla, y se come a Caperucita, está realizando su última opción.

11) Que la versión de que Caperucita, cuando oye la pregunta del Lobo: ¿A donde vas? Y responde: "A bañarme desnuda al río... cobra cada día más ¡fuerza!

12) Que se desprende del punto anterior que es Caperucita la que provoca los más bajos instintos brutales y depredadores, en la pobre fiera.

13) Que el Lobo ataca, pero tal hecho corresponde a su propia naturaleza y a su instinto natural y anomal, exacerbados por la conducta de la susodicha Caperucita.

14) Que merece un párrafo aparte la madre de Caperucita, quien exhibe culpabilidad por no acompañar a su hija conociendo los
peligros del bosque.



EL LOBO



Por todo lo antes dicho, se absuelve al Señor Lobo y se dispone además:

1.- Hacer comparecer a la familia de Caperucita, imponiendo a la abuela que se presente en el hospital que se designe, para su observación gerontológica.
2.- A la madre, para que cumpla correctamente con sus deberes paterno-filiales y el derecho de la corresponsabilidad que le asiste

 3.- A Caperucita: Trabajo comunitario en el zoológico local para conocer plenamente la naturaleza y el instinto animal.
Indemnizará al Sr. Lobo a razón de $100.000 diarios y a que le sea preparada todas las tardes su merienda durante un año.  

4. A pagar las costas del proceso. Aclarar asimismo en el presente fallo que este proceso no afecta el buen nombre y honor del señor Lobo.

Publíquese, archívese, y téngase por firme el presente fallo.

LA ANTERIOR DECISIÓN LA TOMA LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA EN NOMBRE DE DIOS Y DE LA PATRIA, QUE NOS CONCEDIO EL PRIVILEGIO DIVINO DE JUZGAR A QUIEN QUERAMOS, SEGÚN SI EL DÍA AMANECE OSCURO O CLARO...

BOGOTÁ - COLOMBIA

EL CARRUSEL DE LOS MAGISTRADOS

REVISTA SEMANA


Magistrado Henry Villarraga - Magistrado Ovidio Claros

 En el Consejo de la Judicatura, con una 'palomita' de un mes se puede obtener una pensión de hasta 13 millones de pesos mensuales. Es tan escandaloso que cada una de estas pensiones le cuesta al Estado 3.500 millones de pesos. Sábado 19 Febrero 2011

En febrero de 2009, el entonces presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, lanzó una frase que cayó como una bomba atómica en el Palacio de Justicia: “Hay un organismo terriblemente descompuesto, que es la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en donde se están tomando decisiones preocupantes”, dijo.

En ese momento se refería a que a punta de fallos de tutela algunos magistrados estaban favoreciendo a congresistas enredados en el escándalo de la parapolítica. El tiempo terminó dándole la razón a Pinilla. Hace dos semanas, Caracol Radio prendió las alarmas sobre la existencia de un carrusel de contratos en el Consejo de la Judicatura y mostró una serie de nombramientos hechos en 2010. SEMANA investigó el tema y encontró que eso es apenas la punta del iceberg del escándalo.

En dos años y medio, magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura les han dado ‘palomitas’ como magistrados auxiliares a cerca de 90 personas (sin contar los magistrados auxiliares que están hoy activos), y gracias a esa ‘palomita’ por lo menos la mitad de ellos, según pudo corroborar SEMANA, se podrán jubilar con pensiones multimillonarias, que le pueden costar al Estado, en total, 140.000 millones de pesos.

El detalle más escandaloso es que un juez que se gana cuatro millones de pesos, si logra que le den la dichosa ‘palomita’ de magistrado auxiliar, así sea solo durante un mes, como por arte de magia consigue que su pensión se multiplique y llegue a ser calculada sobre un salario de entre 14 y 17 millones de pesos. La mesada, que es el equivalente al 75 por ciento, le llegará de 10,5 a 12,75 millones de pesos.

Los casos abundan. Cenaida Mejía Báez, por ejemplo, era la juez municipal de Chipaque, Cundinamarca, trabajó un mes y diez días como magistrada auxiliar de Julia Emma Garzón y ya está jubilada con el tope máximo de pensión. Lo mismo le ocurrió, para citar apenas otros ejemplos, a Luis Gonzalo Ardila, juez de Bogotá; a Álvaro Rojas Mayorquín, abogado que no registra rastro alguno en Internet; a Elías Cabrera y a Jesús Herrera Cortés, jueces de Ibagué, y a Luis Rojas Tovar, fiscal de Bogotá, que luego de tener una ‘palomita’ de entre uno y dos meses y medio en el despacho del magistrado Henry Villarraga, ya están haciendo su trámite de pensión (ver recuadros).

Y así como en los despachos de los magistrados Julia Emma Garzón y Henry Villarraga, los otros dos campeones en materia de nombramientos exprés son los magistrados Ovidio Claros y Pedro Sanabria. En las oficinas de los otros tres juristas que integran la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura –María Mercedes López, Jorge Armando Otálora y Angelino Lizcano– no se evidencia este tipo de prácticas.

SEMANA obtuvo la información de los nombramientos de magistrados auxiliares en los últimos tres años en esa sala de la Judicatura, y encontró datos sorprendentes. Si bien cada uno de los siete magistrados titulares tiene derecho a tres auxiliares, es decir, en total en esa sala debían nombrar 21 magistrados auxiliares, desde 2008 se han nombrado 115 auxiliares. El año récord fue 2008, cuando se nombraron 59: una rotación de casi tres nombramientos por cada puesto. ¿Cómo puede ser posible que por una ‘palomita’ de un mes se ganen una pensión multimillonaria?

La explicación es sencilla. Los funcionarios de la rama judicial tienen unos privilegios muy particulares en materia de pensiones. A diferencia de todos los demás colombianos, a quienes el Seguro Social les calcula su pensión con los últimos diez años cotizados, los de la rama judicial se pueden jubilar con el salario más alto del último año en que trabajaron. No importa si ese funcionario toda la vida hizo aportes a pensiones con base en un salario mínimo, con tal de que haya trabajado un mes del último año como magistrado auxiliar, su jubilación se la calculan con el tope máximo.

La situación es tan particular para la rama judicial que el presidente de la República y los congresistas, que alguna vez gozaron de ese privilegio, ya no lo tienen.

Como si fuera poco, los mismos magistrados han ido creando una jurisprudencia que además les da otras gabelas a los funcionarios de la rama, a punta de otros fallos, en particular del Consejo de Estado. Una de ellas es que el monto sobre el cual se calcula la pensión incluye todo tipo de primas (de vacaciones, quinquenios, etcétera). Y para rematar, la edad de pensión para quienes gozan de este privilegio es de 50 años para las mujeres y 55 años para los hombres, es decir, mucho menor que la rige hoy para los demás colombianos.

El impacto del pago de estas pensiones vía ‘palomita’ sobre las finanzas del Estado es demoledor. Si se pagara todo el costo de una pensión hoy (lo que los especialistas llaman valor actuarial), el total de la mesada de quien cotizó sobre un salario mínimo sería de 110 millones de pesos, mientras que la de un magistrado auxiliar sería de 3.500 millones de pesos. Por eso, como ya se dijo, los cerca de 40 que obtuvieron la ‘palomita’ y pueden pensionarse le pueden costar al Estado 140.000 millones de pesos.

En el alto gobierno están aterrados con lo que está ocurriendo. Y las alarmas se dispararon aún más luego de una circular que emitió el procurador Alejandro Ordóñez en noviembre del año pasado. Ordóñez “Conmina” –mayúsculas de él– al Seguro Social y a Cajanal para que acaten toda la nueva jurisprudencia. Esto quiere decir que pide que les liquiden las pensiones a los empleados de la rama judicial sin tener que recurrir a tutelas. Además, el procurador es explícito en que se calculen las pensiones con todas las gabelas (vacaciones, más alto salario en el último año, primas, etcétera).

“Esa circular del Procurador le va a costar al Estado un huevo de plata”, dice una persona que conoce como la palma de la mano el sistema pensional colombiano y ha sido directivo del Seguro Social. “Y lo que más preocupa es que por esa vía, y con nueva jurisprudencia, el régimen de privilegios no se termine, como está pensado, en 2014”.

Como las reacciones a la circular del procurador no se hicieron esperar, este a su vez también las contestó: “El argumento tecnológico, tecnocrático y yupiyólogo de los efectos macroeconómicos que se desprendan de esa situación no son argumentos para que se incumpla la ley; si no se está de acuerdo, entonces se debe modificar la normatividad”.

A quienes les ha tocado pagar, a nombre del Estado, las pensiones no les cabe duda de que los magistrados, con los fallos de tutela y las demandas, están haciendo jurisprudencia en causa propia. Desde que comenzó la moda de las reliquidaciones, hace casi diez años, les ha tocado desembolsar para magistrados, por pagos retroactivos, hasta 700 millones de pesos y más, de un solo tirón.

El estado de alerta en el gobierno es tal que en diciembre pasado el ministro de Hacienda hizo una exposición ante la Corte Constitucional en la que advirtió el efecto catastrófico de estas pensiones sobre las finanzas del Estado. Según el ministro Juan Carlos Echeverry, las reliquidaciones de pensiones de la rama judicial pueden llegar a abrir un hueco de entre 7,5 billones y 20 billones de pesos. La cifra, si bien ha sido rebatida por otros especialistas, de todas maneras da a entender que es un lío de grandes ligas para el Estado.

En este cálculo no están incluidos solo los magistrados auxiliares. Este régimen de privilegios también cobija a los funcionarios de la Procuraduría, de la Contraloría y de la Fiscalía. Y en estas instituciones también se dan las perversas ‘palomitas’.

El descalabro para las finanzas del Estado es apenas uno de los problemas gruesos de este carrusel. Hay otros tres baches graves.

En primer lugar, el de la equidad. Lo que ya de por sí es un privilegio exagerado para los miembros de la rama judicial se convierte en un abuso cuando entra en juego el carrusel de los magistrados auxiliares. La pensión de diez o trece millones de pesos es más una lotería que se ganaron que el producto de un ahorro. Mientras tanto, el 80 por ciento de los servidores de la rama judicial se ganan una pensión que apenas si alcanza al salario mínimo.

Uno de los casos más sonados fue el del magistrado César Julio Valencia. Si bien no tiene que ver con el carrusel, ilustra hasta dónde llega el privilegio. Cajanal le calculó en 2009 su pensión en casi 12 millones de pesos, pero Valencia interpuso una tutela alegando que era un error porque le tenían que calcular no sobre el promedio de los diez últimos años de sus aportes, sino el salario del último año. Gracias a ese cambio matemático, y a que la Corte Constitucional le concedió la tutela, su mesada casi se duplicó.

El segundo problema es el de la eficiencia. Debido al carrusel de la contratación y a que los magistrados auxiliares duran apenas uno o dos meses en sus cargos, el rendimiento de los despachos no es el adecuado. De hecho, el despacho de la magistrada Julia Emma Garzón, que es el que más ‘palomitas’ ha dado, es el de más bajo rendimiento. Entre enero y diciembre de 2010 falló 973 procesos, casi la mitad de los que atendió el despacho más eficiente, que fue el del exvicefiscal Jorge Armando Otálora. El segundo de más bajo rendimiento fue el de Ovidio Claros, otro de los campeones del carrusel, con 1.052 fallos.

SEMANA se comunicó a las dos de la tarde del viernes pasado con los despachos de los magistrados Julia Emma Garzón y Henry Villarraga, pero sus secretarias informaron que ninguno se encontraba. En el caso de Garzón, la secretaria dijo que estaba en una cita médica, pero que ya cualquier cosa sería el lunes, y en el de Villarraga, su secretaria no sabía si volvería en la tarde.

El tercer gran problema es que en donde está la olla podrida es nada más y nada menos que en la Sala Disciplinaria, que es donde están “los jueces de los jueces”. Es decir, son los encargados de investigar y sancionar a abogados y jueces de todo el país. ¿Será que esto tiene que ver con el hecho de que se está agudizando la corrupción entre los operarios de la justicia en el país?

Con este carrusel de magistrados se confirma que esta Sala Disciplinaria de la Judicatura, con un par de excepciones, está escribiendo una de las páginas más tristes de las altas cortes en la historia del país. Desde cuando se estaba conformando, a mediados de 2008, se dispararon las alarmas.

“Pónganle atención a lo que está pasando en el Congreso: están diciendo que la condición para elegir a los nuevos magistrados para el Consejo Superior de la Judicatura es que les ayuden a los congresistas en sus líos con la justicia”, le dijeron en ese entonces a esta revista.

El Congreso hacía la elección a partir de ternas enviadas por el gobierno Uribe. Y cuando los eligieron, los nombres no cayeron bien, pues, con excepción de Otálora y María Mercedes López, e incluso Julia Emma Garzón, que tenían trayectoria en la rama judicial, los otros cuatro venían de las entrañas de la política tradicional. Además, tenían serios reparos en sus hojas de vida. Ovidio Claros tenía a cuestas un caso de no pago de cuota de alimentos y antecedentes en la Procuraduría, porque como gerente seccional del Seguro Social modificó los valores de un contrato para favorecer a una empresa privada.

Pedro Alonso Sanabria venía salpicado por el escándalo de DMG, pues en una grabación los jefes de esta ‘pirámide’ hablaban de haberle dado millones de pesos para su campaña a la Gobernación de Boyacá. Angelino Lizcano venía del grupo político del excongresista Luis Fernando Almario, investigado por la parapolítica y la farcpolítica, y estuvo más de 15 años en la Secretaría General del Congreso, a la que llegó luego de trabajar en la Empresa de Licores de Caquetá. Y Henry Villarraga, quien venía de ser consultor jurídico de la Gobernación de Casanare, terminó salpicado en una denuncia de una registraduría paralela, hecha por El Espectador.

Este mismo Villarraga fue quien hace dos semanas amenazó con denunciar al ministro Germán Vargas Lleras porque “gran parte de las más de 11.000 quejas contra los jueces de la República han terminado siendo infundadas”.

En el grupo de pensionados o posibles pensionados sin duda hay personas que le han servido por décadas al país desde la justicia, pero eso, a los ojos del ciudadano del común, no es suficiente para que aspiren a pensiones que no financiaron en su vida laboral y que pueden afectar la salud fiscal del Estado.

Algunos de los magistrados también han dado explicaciones. En la última sala plena de la corporación, Henry Villarraga se defendió diciendo que él les exige mucho a sus auxiliares y que por eso solo le duran unos meses. En el despacho del magistrado Claros dan explicaciones para cada uno de los casos: algunos, dicen, fueron nombrados por el magistrado anterior, y otros duraron poco porque fueron nombrados en despachos de descongestión.

Sin embargo, en el Palacio de Justicia todos saben que algo se está pudriendo por dentro. Varios funcionarios de la rama le dijeron a esta revista que la situación es crítica y que hay algo muy preocupante detrás de este carrusel de ‘palomitas’.

Reforma al Sistema Judicial II

NOMBRAMIENTO DE FISCALES

Bueno, como no se trata de criticar, si no de aportar, yo con mucho gusto les doy la pauta, de cómo está conformado el sistema judicial americano  y de lo que se necesita para que el Sistema Judicial, cumpla con su labor y no tenga tantísimas falacias.

Lo primero, acabar con el club del Consejo Superior de Justicia.  Este ente, solo ha servido en mi concepto, para obstaculizar la justicia y favorecer solamente a los socios del mismo.

Si se supone que Colombia es un país Democrático, pues actúen dentro de lo posible como tal y que hagan las cosas en forma democrática: Que sea el pueblo el que elija a sus Jueces y Fiscales.

Como elegirlos?  Sencillo; que a todos y cada uno de los aspirantes a Fiscales, tengan que cumplir con el mínimo de requisitos y que los mismos, sean verificados a cabalidad por terceros, para evitar abuso de influencias.

El candidato, debe ser abogado titulado y haber pasado un examen en el cual demuestre su conocimiento y experiencia en el puesto para el cual se propone.

Debe ser ciudadano de Colombia, con mínimo 10 años de litigante y defensor, comenzar desde abajo, es decir llevando casos menores bajo la supervisión de Fiscales con mayor experiencia, pasar por lo menos 3 anos en esa posición, tener evaluaciones positivas, atender cursos o seminarios, para mayor capacitación y  para que pueda solicitar un ascenso al siguiente nivel de fiscal.  Cuando ya se trate de Fiscalía mayores, me refiero al fiscal del departamento o de una ciudad capital, debe ser por votación popular, como cualquier otro tipo de candidato a un puesto público.  Solo el Fiscal General de la Nación, deber ser nominado por el Presidente de la Republica  que esta postulación sea aprobada o rechazada por el Senado en pleno, no con carácter político, si no con carácter protección al pueblo, experiencia, estudios, casos mayores llevados a la justicia y logros durante su trayectoria como fiscal en los distintos niveles establecidos dentro de la Fiscalía, sin importar su filiación política, credo, raza o sexo; ya que al fin y al cabo, para eso se supone que son electos y no para llevar a cabo las agendas de su partido o las personales.  Que los senadores aprendan a ser honestos y leales al pueblo, quien en definitiva los puso ahí.

Ya que en Colombia, la fiscalía se ocupa de toda clase de demandas, no está por demás, exigir a los aspirantes a fiscales experiencia en la rama judicial que van a fiscalizar, ya que el saber de todo y tanto, muchas veces perjudica.  Este empleo es para servir al pueblo, no para ganar notoriedad y por ende favores de los superiores.  Aquí si cabe la ya muy trillada frase de: TOTAL TRANSPARIENCIA.

NOMBRAMIENTO DE JUECES

Quien debe postular a un juez por primera vez?

Al juez primerizo debe postularlo un ente público.  Gobernador, Alcalde. 

Debe contar con los mismos requisitos que para ser Fiscal y definitivamente haber sido Fiscal y defensor.  Solo actuando a ambos lados de la ley y conociendo a cabalidad la misma, puede un humano actuar como juez, bajo el conocimiento, que su actuación, seria no solamente justa, pero humana y solo para el servicio del pueblo.  Ya que una vez cumpla por lo menos 4 años como juez primerizo, debe someter su postulación a voto del pueblo si desea seguir como juez y avanzando en su carrera judicial, hasta llegar porque no, a la Corte Suprema o a la Corte Constitucional.

Para obtener esos puestos, lo mismo que para ser Fiscal General, debe el Presidente de la Republica postularlos para el puesto y ser aprobados o rechazados por el Senado en pleno.  Nuevamente los senadores no deben tener en cuenta si no las calificaciones del postulado, sin importar su filiación política, credo, raza o sexo.

Tanto los jueces como los fiscales deben ser sometidos a escrutinio público, deben presentar pruebas de que cumplen con la ley y que jamás han tenido ningún problema mayor a un comparendo de transito.  Nadie en Colombia, ni en ningún país, que se autodenomine como Democrático, está por encima de la Ley o del escrutinio público.  Este debe ser veraz y basado únicamente en el conocimiento, la experiencia, la honestidad, la imparcialidad y la claridad en su actuar público. 

El administrar justicia, es un honor muy grande que se otorga por los  ciudadanos, con la fe de que los nombrados respeten ante todo y sobre todo, el derecho a la justicia  y bajo ningún motivo, debe ser sinónimo de poder, de venganza, de creencia política, religiosa o sexual.

En este caso, solo estoy tocando la punta del Iceberg, claro que para este tópico, no solamente la cabeza cuenta, sino que también los empleados de los Juzgados, la Fiscalía, las Cortes y mucho de los otros empleados de otros departamentos como el de la CTI, tienen que ser altamente investigados, ya que ellos más que nadie se venden al mejor postor y juega con las partes para logra “beneficios dobles.”  

Claro está, que eso merece otro comentario, que al igual que este, irá acompañado de las respectivas recomendaciones.  Ahora, depende de los ciudadanos Colombianos, el usar su derecho democrático y exigir con todas sus fuerzas, que no solo se respete su Estado de Derecho, si no que se acabe la corrupción del Sistema Judicial Colombiano y que tanto los Senadores, como los Representantes a la Cámara, hagan leyes claras y que si favorezcan y protejan al ciudadano.  No es justo que aquellos a quienes ustedes nombran para que los representen, solo los usen a ustedes para obtener sus votos y una vez electos, solo lleven a cabo la agenda de sus partidos o su propia agenda.

Mariavicky

Reforma al Sistema Judicial I

A nuestro correo llego esto de una ciudadana americana de origen colombiano y nos parecio bastante pertinente publicarlo, por su extension lo estamos dividiendo en dos partes. Esta es la primera:

"Soy ciudadana de Estados Unidos de descendencia Colombiana y por lo tanto, trato de estar al día con los problemas del País del cual vinieron mis padres.

Como Colombiana por asociación, me da tristeza y pesar ver y leer las noticias que se generan en Colombia, pero sobre todo ver que el ciudadano Colombiano, en un caso judicial, tiene todas las de perder. 

La Justicia en Colombia es TOTALITARIA, lo cual contrasta diametralmente con la idea de que Colombia es una nación Democrática.  No puede haber Democracia, si el sistema de gobierno no lo es en su totalidad y sus leyes claras y concisas, ya sean nuevas o se le hagan enmiendas o aclaraciones a las leyes existentes; las mismas deben ser lo suficientemente claras y concisas, como la misma esfinge de la Justicia: CIEGA.   Porque Ciega?  Simple: Porque el delito es un quebranto a la Ley y la misma no debe tener distingos.  Si alguien mata a otra persona, o es un asesino o lo hizo en defensa propia, lo cual en sí, no es un delito en ningún país a menos que en el mismo la Justicia sea TOTALITARIA.

La escritura de una Ley, debe ser clara y concisa, no debe dar opción a interpretaciones: El vaso esta vacío a la mitad o el vaso está lleno hasta la mitad.   Esto desafortunadamente en Colombia es la regla, no la excepción.  Cada Juez o Fiscal, pueden interpretar la Ley como mejor la sepa o más le convenga.  O en su defecto, con la claridad mental en la que amaneció ese día.

Para que la Justicia se pueda llevar a cabo con las falacias propias de sus ejecutores que son tan humanos como usted o como yo, no quiere decir que el titulo de Juez lo haga como por arte de magia infalible, inapelable, onmiponte y omnisapiente.  Los humanos erramos y eso no tiene discusión, lo que sí la tiene, es que si un Juez o un Fiscal se equivocan, existan lo verdaderos medios de apelaciones para corregir ese error.

Cuando yo leo y oigo la cantidad de aberraciones que se comenten en las cortes, los tratos preferenciales, la falta de honestidad de los que deben ser los guardianes de los derechos ciudadanos, me da un dolor tan grande, que en el momento me rebelo y quisiera acabar hasta con el nido de la perra.

Para aclarar mis puntos, es necesario que les diga, que la justicia en este país, también tiene falacias, pero no tan aberrantes, ni tan constantes, como las que se publican de Colombia.

En todo lo que el humano meta la mano, va a haber problemas, eso es sabido, pero que estos problemas sean la norma y no la excepción… vuelvo y repito es imperdonable.

Yo no podía creer lo que dijo el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, con relación al Fiscal Ricardo Bejarano, que tuvo la honorabilidad de criticar el fallo de la Corte Suprema con relación al caso del Profesor Beltrán.  Yo no estoy cuestionando la culpabilidad o no del Profesor, pero la verdad es que ese fallo, para cualquier ciudadano de cualquier país, considerado Demócrata y Libre, es tanto como si hubieran dicho: Por el lado derecho este ciudadano es culpable, pero por el lado izquierdo es completamente inocente. 

En mi concepto laico, o una cosa es Legal o no lo es.  Como puede ser solamente Legal, el haber entrado a otro país, así fuera para acabar con un campamento de las FARC, pero lo que de allá se obtuvo, no sea legal?  Que es que solo la CTI hace las pruebas legales?  Y cuando no obtienen pruebas, porque estaban muy ocupaditos, entonces no hay delito, como en el caso de violación y rapto de la periodista Jineth Bedolla?  No seria mejor aplicar el dicho: O todos coludos, o todos rabones".

Maria Vicky