En días pasados nos llego una denuncia al blog, que fue publicada sobre los manejos que el Incoder le ha dado a los contratos de arrendamiento de los terrenos de Islas del Rosario y San Bernardo del Viento; terrenos que por resolución del 2007 fueron declarados terrenos del Estado, quien designo para su manejo al Incoder.
La persona que hizo la denuncia inicial, nos envió más documentanción; al revisarla e investigar más a fondo, estos documentos muestran una clara ilegalidad por parte del Incoder, como es no entregar el predio en alquiler debidamente saneado; una más para sumar a la larga lista de ilegalidades que el Incoder a través de algunos de sus corruptos funcionarios han cometido, quienes para conseguir esta sucia jugada contaron con la ayuda de la en ese momento alcaldesa de Cartagena, la destituida Dra. Pinedo.
Manipularon a algunos medios de comunicación como la "W", para difundir noticias con datos errados; como lo fue la nota sobre el Sr. Jorge Mattos a quien el Incoder le queria adjudicar una deuda de $12.000.000 por concepto de canon de arriendos NO PAGADOS, cuando precisamente el Sr. Mattos, como lo explico al aire, no canceló los respectivos pagos porque el contrato mostraba claros vicios, como que su terreno no se encontraba debidamente saneado como lo exige la ley. Que desde el momento en que todo quedo conforme a la ley ha pagado cumplidamente.
También en ese programa se difundieron nombres propios de propietarios que supuestamente no querian acogerse a la nueva ley. Quienes no estaban enterados de lo que estaba sucediendo y solo hasta ese momento y por ese medio supieron lo que estaba pasando, pues JAMAS fueron notificados.
Se acogieron entonces. Por la premura de no perder la posesión, renunciando a la pertenencia de sus terrenos y sin tener conocimiento del valor exacto del canon a pagar (el contrato solo habla de un porcentaje sobre el valor del avalúo catastral del predio y el INCODER en ese momento no tenía los avalúos). Firmaron el contrato de arrendamiento, pues de acuerdo a lo que les dijeron al presentarse a la UNAT, si no se celebraban los contratos de arrendamiento en ESE momento (2008), se vencia el termino que había dado el Estado para realizar esta negociación perdiendo todo derecho, siendo los terrenos expropiados de inmediato.
Pero del afán no queda sino el cansancio, los contratos se celebraron, los antiguos propietarios renunciaron a la pertenencia y pasaron a ser arrendatarios, sin que el INCODER proporcionara una acta de entrega con imagenes fechadas de como y de que se encontraba en el predio; estos contratos se realizaron en Bogotá; y estos terrenos YA estaban invadidos por personas que no tenían ni tienen nada que ver con los arrendatarios, pero con el conocimiento del INCODER quien ha seguido permitiendo su invasión por más personas, en lugar de desalojar a los que ya se encontraban en el momento de la firma de los contratos, haciendose a oidos sordos a las inmumerables peticiones y solicitudes de los arrendatarios sobre su saneamiento. Cada vez va quedando más claro el porque del proceder del Incoder y de su afán para contraer los acuerdos de arrendamiento como podrán leer a continuación sobre una investigación realizada por el periodico El Tiempo en el mes de mayo de 2011.
La Fiscalía se tomó el área de pesca; otras dos subgerencias, en la mira.
El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) se convirtió ayer en otra entidad en la que la Fiscalía ha tenido que entrar para investigar supuestos nidos de corrupción. Ayer en la mañana -a petición del gerente del Incoder, Juan Manuel Ospina, y del Ministerio de Agricultura-, los investigadores se tomaron la Subgerencia de Pesca e incautaron 57 computadores, 4 USB y un iPad, usados por los funcionarios de esta dependencia en Bogotá. Pero esta no será la única intervención. EL TIEMPO estableció que se preparan al menos otras dos inspecciones judiciales a subgerencias del Instituto y se van a tomar decisiones de fondo en más de una decena de casos de funcionarios investigados. Por ahora, la Fiscalía indaga sobre las graves denuncias que han llegado al Incoder, especialmente sobre el manejo que la Dirección de Registro y Control de la subgerencia de Pesca le ha dado a la entrega de permisos para la comercialización, transporte, importación y exportación, y extracción de productos del mar. La Fiscalía investiga si particulares entregaron sobornos a funcionarios para agilizar trámites. Así mismo, indaga por qué no se impusieron multas a empresas, pequeñas y grandes, a pesar de haber incumplido la ley. También intentan descartar o confirmar si hubo desvío de dinero por el cobro de trámites y multas. Otro capítulo es la depuración de la entidad. Hoy están abiertas 185 indagaciones preliminares a funcionarios del Incoder, la mayoría por irregularidades en trámites, solicitud de sobornos y falsedad en documentos. A la fecha, el Instituto ha proferido 63 fallos disciplinarios (46 con destitución o suspensión), de los cuales un 40 por ciento corresponde a funcionarios de la Costa Atlántica. Llama la atención que buena parte se refiere a investigaciones por celebración indebida de contratos. Otro de los escenarios que está quedando al descubierto es la injerencia de grupos al margen de la ley en pasadas administraciones del Incoder. La Procuraduría acaba de inhabilitar por 15 años a Carlos Reyes, ex director del Incoder en el Cesar, al comprobar que, según el expediente, amenazaba, junto con las Auc, a campesinos para arrebatarles tierras. El Ministerio Público comprobó que entregó irregularmente nueve parcelas del predio El Toco. u.investigativa@eltiempo,com 50 casos, a punto de prescribir EL TIEMPO estableció que las investigaciones que lleva la Procuraduría contra 50 funcionarios del Incoder están a punto de prescribir. Se trata de los que están vinculados a nueve casos emblemáticos en el robo de tierras a campesinos. Entre los predios están: La Cristalina (Antioquia), El Diamante (Quindío) y La Colorada y el Triunfo (Cundinamarca).
Publicación: El Tiempo
Sección: Justicia
Fecha de publicación: 19 de mayo de 2011
Lamentable que todas las entidades gubernamentales se vean envueltas en estos escandalos. Ya uno no sabe que pensar excepto que lo mejor es cerrarlas y contratar con entidades del sector privado el manejo de este tipo de situaciones, obviamente manteniendo un estricto control de su funcionamiento. Esa creeria que es la solucion.
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