Como ustedes saben, el Gobierno prepara una reforma a la justicia.
Y las Cortes vienen estudiando las contrapropuestas a la del Gobierno. Una de ellas tiene que ver con la segunda instancia.
El Gobierno propone la doble instancia de la siguiente manera: la Sala Penal está integrada por nueve magistrados. La propuesta es que tres investigan, tres fallan y los tres restantes son segunda instancia.
La Corte considera que eso es romper la jurisprudencia y rechaza la fórmula.
La otra propuesta del Gobierno es: la Sala Penal, nueve magistrados, investiga y falla, y la plenaria de la Corte, veintitrés magistrados, es segunda instancia.
También la rechaza la Corte porque estaría delegando su potestad en tres conjueces. Vean las cuentas: los nueve magistrados de la Penal, que investigan y fallan en primera instancia, tienen que declararse impedidos para intervenir en el juicio de segunda instancia. Serían reemplazados por nueve conjueces. Nueve más tres son doce... y doce es mitad más uno de la Corte. Es decir, la decisión sería de los conjueces y se rompería el principio de especialidad.
La rechazaron. Aquí va la fórmula de la Corte: la Sala Penal de la Corte sería ampliada y tendría dos minisalas así: tres de los nuevos magistrados investigan. Los otros tres nuevos, fallan... y la sala de nueve magistrados actual sería la segunda instancia.
Esa segunda instancia se aplicaría no solo en caso de recursos o apelación; siempre la minisala, que falla en primera instancia, tendrá que someter su veredicto a la segunda instancia, que son los actuales nueve magistrados.
Es un inteligente malabarismo de la Sala Penal de la Corte Suprema para quedarse con el poder del fallo definitivo y quitarse de encima el sambenito de que sus fallos no tienen segunda instancia y que, en consecuencia, ¡actúan como jueces infalibles! Y es el Congreso el que tendrá que decidir.
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