El Consejo Superior de la Judicatura acaba de tomar una decisión que va a originar un debate de un tamaño gigantesco, por dos razones: la dimensión de la sentencia dictada y la identidad del apoderado del demandante.
La historia es esta: el exsenador José Elías Guerra de la Espriella, popular como «Joselito» Guerra, fue condenado en 1998 por los delitos de falsedad en documento privado, enriquecimiento ilícito y estafa. En 2007, Joselito Guerra elevó una petición ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, alegando que el Estado colombiano le había desconocido el debido proceso, por haber sido juzgado y condenado por la llamada Justicia sin Rostro. Fue condenado a 72 meses de prisión y pagó tanto la multa como la condena.
En 2010, se pronunció el comité de la ONU y le dijo al Estado colombiano que «efectivamente no le garantizó a Guerra de la Espriella el debido proceso» y dio orden perentoria al Estado colombiano de garantizarle a Guerra de la Espriella «un recurso efectivo, incluida indemnización adecuada».
Llamó la atención de los magistrados que estudian el caso, que la Corte Internacional no falló como en otras ocasiones, decretando la nulidad del fallo, ni tasando la indemnización, ni ordenando la libertad de Guerra de la Espriella.
El Consejo Seccional de Judicatura de Bogotá declaró improcedente la tutela que Joselito Guerra presentó para hacer cumplir el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Esa decisión fue impugnada ante el Consejo Superior, que acaba de fallar revocando la decisión de primera instancia.
Pero no aceptó las pretensiones de Joselito Guerra, sino que trasladó el dictamen a la Comisión Intersectorial Permanente, que dirige el vicepresidente Angelino Garzón, para que en el término de 60 días analice el dictamen y evalúe la posibilidad de implementar sus recomendaciones en nuestro ordenamiento jurídico.
En resumen: lo que Joselito quería era dejar sin efecto las sentencias penales y que fuera absuelto. El Consejo consideró que le estaba dando al dictamen un alcance que no tenía.
Ahora la segunda parte de la historia: agárrense para que no se vayan a caer.
¿Saben quién es el abogado del exsenador Joselito Guerra en todo este proceso? ¡Rodrigo Escobar Gil!
El exmagistrado es actual miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, candidatizado por el Gobierno de Colombia.
Cualquiera puede pensar que es un homónimo... ¡No!: es el mismo. Escobar Gil es representante del Gobierno de Colombia, fue candidatizado por el expresidente Uribe y resultó apoderando al exsenador Guerra en la demanda contra el Estado colombiano.
Como dice Gabriel García Márquez: «Vivir para creer».
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