Esta semana han sido muy movidas, por decirlo de alguna forma las noticias en referencia a nuestra mal llamada justicia.
El caso del joven de la Universidad de los Andes, en donde fueron sus familiares, quienes tuvieron que llevar por su propia cuenta las investigaciones para demostrar que lo de su hijo no fue un suicidio, sino un vil asesinato, pone de manifiesto la ineptitud y corrupción de los Auxiliares de Justicia en nuestro país.
Que además cuando son cuestionados e investigados tiene el descaro hasta de advertir, a la entidad, sin importar que esta sea incluso el Consejo Superior de la Judicatura, como deben obrar.
Hace un par de semanas, la médica forense Lesly del Pilar Rodríguez, funcionaria de Medicina Legal desde hace 4 años, explicó ante la Fiscalía la polémica necropsia practicada al cadáver del estudiante de la Universidad de los Andes Luis Colmenares -muerto en octubre del 2010- quien recibió varias heridas en su cabeza, claves para establecer si fue o no un crimen.
A la vez, la médica le envió un memorial al Consejo Superior de la Judicatura en el que le advierte que ese tribunal no es competente para investigarla por ese dictamen, calificado por la defensa del estudiante como "un claro caso de corrupción".
El dato llama la atención si se tiene en cuenta que la Dijín documentó 12 casos en los que esos dictámenes terminaron beneficiando a reos en Santander, Norte de Santander y Arauca. La Judicatura ya tiene los nombres de implicados (incluidos jueces), que permanecen en reserva hasta que se judicialicen…
"Esa situación pone a los peritos de Medicina Legal en una gran vulnerabilidad. Ahora, cuando una de las partes no esté de acuerdo, van a abrir investigación", señaló Jorge Buitrago, presidente de Sindemedilegal.
Eso sobre los casos que son publicitados y llevados a la prensa; también nos sigue llegando información sobre el caso de pagares llenados a conveniencia, con información falsa y sin ningún respaldo, por una empresa, que con el cuento que da créditos directos, para que se pueda acceder a sus productos, eso sí contando con un fiador o codeudor con garantías, garantías que deben estar representadas en bienes de alto valor, sobre todo comercial.
De acuerdo a la información documental que nos han hecho llegar, la famosa empresa, tiene más de 100 demandas puestas en contra de los codeudores; la contabilidad que envían para el caso especifico que nos reportan, y luego de revisados por contadores especializados, es de una “creatividad”, que los famosos balances maquillados por Betty la Fea se le quedan en pañales.
Y por lo que también nos informan los afectados, toda la investigación la han tenido que realizar y seguir ellos mismos. Ya que en el despacho de la fiscalía donde se está tramitando la denuncia, lo que nos relatan las victimas, es que un caso como el reportado, que es un caso de orden económico, de solo 6 ceros y no de 7 o más, como el de los Nule; para la SIJIN y el CTI, no amerita que ellos pongan al servicio de la ciudadanía sus peritos contables para negocios de “tan poca monta”.
Que adicionalmente revisando las declaraciones de renta que proporcionaron los denunciados, para supuestamente demostrar su honorabilidad; las ventas que reportan, igualan e incluso superan a grandes y reconocidas empresas del mismo sector; lo curioso es que verificado por nuestro grupo de trabajo, el sitio de operación de esta “empresa” no va más allá que el de una simple empresa de garaje.
Pero que si se mira más objetiva y detenidamente es una forma “fácil” de eludir impuestos y enriquecerse ilícitamente, con el visto bueno de las autoridades. De jueces que aceptan y fallan demandas, sin el lleno total de requisitos, amparándose en los vacios que tiene la ley.
Qué opina de esto el General Naranjo? Ni idea pero con seguridad como la mayoría de los altos funcionarios de este país le resbala, porque además no le genera publicidad.
UN CLARO GOLPE AL ESTADO
Pero el Estado no se libra tampoco, la calumnia, la distorsión de la verdad, la mentira solemne, a la que se ha recurrido por décadas; ahora se está utilizado como argumento para engañar sin ningún escrúpulo a las Cortes de Justicia, no sólo de Colombia, sino que osaron permear la Internacional, y de qué forma. El de Mapiripán, es un caso muy diciente; con él se empieza a develar, de manera fortuita, hechos gravísimos donde le fueron esquilmados multimillonarias sumas el Estado Colombiano. Afortunadamente, ya se empezaron a desenmascarar ONG’S alcahuetes, colectivos de abogados dedicados a traficar con la desgracia humana.
El Carrusel de jueces en la Costa Atlántica, donde 37 jueces son investigados porque fallaron en contra de una entidad del Estado como lo es Invias y que por lo que estuvieron a punto de costarle al erario público más de 350 mil millones de pesos, es un claro Golpe al Estado.
En donde el truco estaba en que los jueces implicados admitían las demandas a pesar de no estar bajo su jurisdicción y de que los reclamos contra el Invías ya habían prescrito. Además, triplicaban el valor de las obras. Donde detrás de las demandas, señala la investigación, hay cinco abogados y cuatro peritos, quienes, invocando normas del Código Civil -que da un plazo de 20 años para reclamar indemnizaciones-, han presentado reclamos porque, supuestamente, los terrenos fueron 'expropiados' sin la debida indemnización.
No siendo poco esto, ahora debemos resaltar la conveniente “unión” en matrimonio, del narcotráfico y la Rama Judicial… Porque no hay otra forma de llamarlo. Cuando el pasado sábado 19 de noviembre en la catedral de Santa Marta para acompañar la bendición matrimonial de Juan José García Zuccardi y María Alexandra Abello Vives, llegaron invitados de toda Colombia. Políticos, empresarios, ganaderos, magistrados, comerciantes y servidores públicos.
Y no fue un enlace cualquiera. La fiesta la dio Rafael Abello Silva, más conocido como el ‘Mono Abello’, y su esposa, Ana Elisa Vives. El padre del novio es el ex senador Juan José García Romero, y la madre, la senadora Piedad Zuccardi.
‘El mono Abello’ fue detenido y extraditado en 1989 por narcotráfico y un año más tarde condenado a 30 años de prisión en Estados Unidos, de los cuales pagó 18. En 2008 regresó a Santa Marta, sin que se conozca abiertamente su nueva actividad económica. Su esposa, Ana Elisa Vives, está emparentada con el poderoso clan político de los Vives del Magdalena y es hermana de José Joaquín Vives, magistrado presidente del Consejo Nacional Electoral.
Queda muy poco por decir, la justicia en Colombia es de tres pesos; los únicos que de verdad ganan para algo más que sobrevivir, son aquellos que logran acceder a altos cargos a los que acceden también corruptamente y con ayudas que los ciudadanos de bien ni tomarían en consideración . Los demás se tienen que vender, así sea al mejor postor para cuadrar sus exiguos presupuestos, por los salarios que les pagan. Exponiendo en muchos casos hasta sus vidas y al Estado le importa poco esta inequidad.
Ya explicamos en otro artículo, que detonar al ser corrupto que se lleva adentro no requiere de mucho esfuerzo y si se le da semejante ayuda que se puede pedir….
Ahora nos preguntamos, que hacen las personas del común que son víctimas de algún delito; que no tienen los medios o los recursos para investigar, proporcionarle y hacerle a las autoridades competentes, el trabajo que les corresponde y así entregarles TODAS las pruebas del delito del que son víctimas…. Será que a la Rama Judicial y a los auxiliares de la justicia les pasa lo del cuento de Chespirito que no hacen su trabajo para “evitar la fatiga”, en donde si pueden salir a defender su “vulnerabilidad” pero la del ciudadano del común donde queda? EN LA CANECA DE LA BASURA??????
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