Ese establecimiento de la segunda instancia y a ese deseo del legislador de que sean revisadas todas las decisiones de los funcionarios de inferior jerarquía conduce a un punto en que la justicia en Colombia es onerosa y es onerosa porque se malgasta mucho de sus recursos humanos y se repiten muchas de sus actuaciones.
Las comunidades tienen entonces que estar conscientes de que los conflictos son resueltos dentro de las limitaciones e imperfecciones dimanadas de la condición humana, sin perjuicio de procurar todos los elementos que apuntalen el proceder que mejor garantice establecer la verdad y pronunciar determinaciones certeras oportunas y justas.
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